Haciendo un recuento sobre los acontecimientos recientes en Colombia, desde el Catatumbo, los diálogos de paz en la Habana, y las últimas movilizaciones campesinas, de verdad que es grato ver como desde el hastío por la injusticia el pueblo colombiano retoma las banderas de la democracia y despierta de ese letargo ignominioso al cual ha sido sometido por las doctrinas hegemónicas del tradicionalismo político y gremial.
Esas expresiones que llevan, no en el fondo, sino a flor de piel, claras consecuencias del ejercicio genuino de la democracia y sus principios, hoy debieran ser vistos desde una perspectiva más respetuosa por parte del gobierno, como representante de la unidad nacional.
El empoderamiento de las comunidades, la defensa de los derechos fundamentales como finalidad última de un Estado social de derecho, defensor de los principios democráticos y, al servicio del hombre, son el medio eficaz para la reconciliación nacional y la obtención de la paz; no las represiones absurdas que menguan la participación ciudadana, por medio de agresiones policiales desmedidas y afirmaciones insultantes para con el compromiso de las masas, a propósito de las descalificadoras declaraciones recientemente emitidas por parte de miembros del alto gobierno y algunos medios hacia la protesta popular.
Señalamientos esbirros, violentos e irresponsables por parte de columnistas como Plinio Apuleyo Mendoza, quien en su columna titulada LA ESTRATEGIA SECRETA DE LAS FARC sataniza, y de algún modo deslegitima el movimiento popular, no deben ser aceptados ni tolerados por esta sociedad que camina hacia la reconciliación social. Hay que rechazar la actitud alevosa de este tipo de actores que manipulan con su poder de divulgación la opinión pública que convive con este tipo de informaciones mal intencionadas e irrespetuosas que se burlan de la necesidad humana de estos pueblos olvidados, al señalar a los campesinos como elementos del motor que opera el accionar del narcotráfico.
Todo esto compuesto como una cuota más de un plan de descredito y supresión participativa que procura la exclusión y el absolutismo, promueve una especie de apología al rechazo hacia estos movimientos alternativos. Movimientos que curiosamente son el espejo de todo un proceso social que avanza por toda Latinoamérica, en procura de la reivindicación humana, la justica social y la obtención de la paz como bien supremo de la humanidad, al cual los colombianos también tienen derecho a su disfrute.
El columnista enumera una serie de circunstancias que demuestran según él la presencia de la insurrección tanto en la protesta campesina realizada en el Catatumbo, como en la marcha patriótica, diciendo enfáticamente que son un brazo más de la estrategia secreta que tienen las FARC para llegar al poder.
Pero estas declaraciones por parte del gobierno, columnistas y miembros de las fuerzas armadas, que se atreven inclusive a instar a la acción violenta y el asesinato de los participantes de la protesta, van más allá de una inocente calumnia. Esto va rumbo a la consumación de una apología al genocidio.
Son estos personajes los verdaderos enemigos de la paz y la justicia social. Los principales proveedores de víctimas; porque atacar la movilización popular, la protesta campesina y las alternativas de participación política, finalmente es atacar la democracia y, un país que se distancia de los principios democráticos es un país que irrespeta los derechos humanos, la justicia social; por lo tanto es un Estado que genera víctimas, con este grupo de individuos a la cabeza como principal victimario.
Ahora, siendo más específicos con la realidad colombiana donde (según el gobierno) todo el que es rebelde consecuentemente es terrorista y narcotraficante, es preciso advertir que esta postura elimina la posibilidad de oposición y democracia. Así, valiéndose el Estado de interceptaciones ilegales; falsos positivos; perseguimiento estatal; enjuiciamientos injustos y montajes judiciales, se logra la neutralización de toda expresión de pluralismo y controversia, con acciones que en resumen son actos de guerra del gobierno como parte interviniente en este conflicto armado, que no solo se desarrolla en la ruralidad; también tiene extensión en las ciudades: universidades, sindicatos, movimientos étnicos, etc.
Hoy se une un grito común de parte de los luchadores populares, como ejercicio académico y democrático para estos enemigos de la paz, pseudo-cipayos de las transnacionales, de este nuevo colonialismo:
¡La movilización popular no se reduce a subversión!
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