El dirigente de Colombianos
y Colombianas por la Paz, Iván Cepeda, informó que la Procuraduría de Colombia
abrió una investigación por las denuncias que realizó contra el ex presidente
colombiano, Álvaro Uribe, sobre su posible participación en actividades paramilitares.
La información fue dada a
conocer por el dirigente a través de su cuenta en la red social Twitter
@IvanCepedaCast a través de la cual escribió que la “Procuraduría abre
investigación en mi contra por denuncias que hice sobre grupos paramilitares en
hacienda Guacharas” propiedad del ex presidente Álvaro Uribe.
La Fiscalía de Colombia reabrió el proceso en contra del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por
su presunta colaboración en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) a mediados de 1990.
Uno de los testimonios
escuchados durante el proceso corresponde al del ex paramilitar Juan Guillermo
Monsalve, quien aseguró que el ex mandatario colaboró desde la Gobernación de
Antioquia (1994-1997) a conformar el Bloque Metro; y que además fue miembro
activo de un grupo de autodefensas que delinquió en San Roque (Antioquia), al
noroeste de Colombia, a mediados de los años noventa.
Monsalve trabajó en la
Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, ubicada en el
departamento de Antioquia. Durante su declaración también sostuvo que el grupo
paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a
los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a Santiago Gallón.
Este testimonio fue recogido
por Iván Cepeda el pasado 16 de septiembre de 2012 en la cárcel de Combita, en
Boyacá (oriente colombiano).
Álvaro Uribe también
interpuso una denuncia contra Iván Cepeda que aseguraba que el dirigente abusó
de su condición de congresista para recopilar información a través de
paramilitares detenidos en las cárceles para utilizarla en su contra.
La Corte Suprema de
Justicia ha condenado hasta el momento una veintena de dirigentes políticos,
entre ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes colombianos debido a su
relación con paramilitares; mientras que otro centenar se encuentra bajo
investigación.
Entre 2003 y 2006, las AUC pactaron con el Gobierno de Álvaro Uribe su
desmovilización, con lo que obtuvieron beneficios procesales a cambio de la
confesión de sus crímenes y la reparación a las víctimas.
Fuente
teleSUR-El Espectador/BM
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